Washington / Ciudad de México. — En una medida que ha generado fuerte tensión diplomática, la administración del expresidente Donald Trump revocó las visas de más de 50 funcionarios y políticos mexicanos, como parte de una estrategia más agresiva contra el narcotráfico y los supuestos vínculos de algunos servidores públicos con grupos criminales.
Entre los nombres confirmados se encuentra Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien negó categóricamente tener relación alguna con el crimen organizado. También se reporta que alcaldes de ciudades fronterizas, como Puerto Peñasco y Nogales, fueron incluidos en la lista de afectados, aunque el Departamento de Estado mantiene bajo reserva la identidad del resto.
La operación fue encabezada por Christopher Landau, actual subsecretario de Estado y exembajador en México, conocido en círculos diplomáticos como “El Quitavisas”. De acuerdo con fuentes consultadas por Reuters, la medida se aplicó sin notificación previa al gobierno mexicano, afectando principalmente a políticos de Morena, aunque también a integrantes de otros partidos.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema con visible incomodidad:
“No tenemos ninguna notificación del gobierno de Estados Unidos. Es información personal que no comparten con nosotros. Vamos a solicitar formalmente los motivos de estas revocaciones”, señaló.
Por su parte, Tony Wayne, exembajador estadounidense en México, explicó que esta acción representa una nueva forma de presión diplomática directa, al utilizar las restricciones migratorias como herramienta política en el marco de la cooperación bilateral en seguridad.
Analistas advierten que la decisión podría afectar el clima político y las relaciones diplomáticas entre ambos países, justo en un momento en que el gobierno de Sheinbaum buscaba fortalecer la colaboración con Washington en materia comercial y de seguridad.
El mensaje desde Estados Unidos es contundente: no habrá tolerancia hacia posibles vínculos entre el poder político y el narcotráfico, marcando un nuevo capítulo en la compleja relación bilateral y en la estrategia norteamericana contra el crimen organizado.
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