INFORME DEL SECRETARIO OMAR GARCÍA HARFUCH EN LA CONFERENCIA MATUTINA DEL GOBIERNO DE MÉXICO

 

Ciudad de México, 23 de febrero de 2026.— Tras un operativo federal en la zona boscosa de Tapalpa, Jalisco, se desató una serie de reacciones violentas por parte de grupos delictivos en distintas entidades del país, incluyendo bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a establecimientos y agresiones contra autoridades.

El Gabinete de Seguridad informó que se activaron de inmediato protocolos de coordinación con gobiernos estatales y municipales, con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, con el objetivo de contener los hechos, proteger a la población y restablecer la movilidad.

Como parte de la estrategia, se instaló un centro de mando que permitió recuperar el control en las zonas afectadas. En total se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de entidades como Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, siendo Jalisco la más afectada con 18 puntos.

Las autoridades reportaron que la mayoría de los bloqueos fueron retirados el mismo día y que actualmente no hay cierres en vialidades principales, mientras que los puntos restantes se encuentran bajo control operativo.

En estas acciones, 70 personas fueron detenidas en siete estados, además de que se contabilizaron 27 agresiones contra autoridades. En Jalisco, seis ataques dejaron como saldo la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un agente de la Fiscalía estatal, además de una mujer civil. También fallecieron 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

En Michoacán se registraron 13 agresiones, con cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 elementos de seguridad lesionados.

El Gabinete de Seguridad destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno fue clave para contener los incidentes y restablecer el orden. Asimismo, hizo un llamado a la población a mantener la calma y confiar en las instituciones.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró que continuará con el despliegue operativo y la instalación permanente del centro de mando, con el compromiso de garantizar la seguridad, preservar la paz y mantener informada a la ciudadanía.

OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL EN CHIAPAS DEJA 15 DETENIDOS Y ARSENAL ASEGURADO

 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales sobre los resultados de un operativo conjunto realizado en Tapachula, tras atender diversas denuncias ciudadanas relacionadas con la presencia de grupos generadores de violencia.

La acción fue encabezada por la Secretaría de Seguridad del Pueblo y contó con la participación coordinada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Defensamx, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

Durante el despliegue interinstitucional, las autoridades lograron la detención de 15 presuntos generadores de violencia. Además, se aseguraron 15 armas largas, diversas dosis de droga y nueve vehículos, los cuales quedaron a disposición de las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones.

El funcionario federal destacó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para combatir la delincuencia en la región, al tiempo que reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, subrayando la estrecha colaboración en materia de seguridad en el estado de Chiapas.

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para atender las denuncias ciudadanas y fortalecer la seguridad en la entidad.

GOLPE AL CJNG EN VERACRUZ: CAPTURAN A LÍDER REGIONAL Y RESCATAN A VÍCTIMA DE SECUESTRO

 

Ciudad de México.— Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales permitió la captura de 14 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos su líder regional en la zona conurbada de Boca del Río y Veracruz, identificado como Israel Enríquez.

La acción derivó además en el rescate de una persona que se encontraba privada de la libertad, tras la ejecución de 13 cateos simultáneos en distintos puntos de ambos municipios.

El despliegue fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, en coordinación con autoridades estatales de Veracruz.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los operativos se realizaron en seguimiento a una denuncia ciudadana por un secuestro ocurrido el pasado 9 de enero en la colonia Lafragua, en el municipio de Veracruz. A partir de trabajos de inteligencia, se identificaron diversos inmuebles vinculados con estas actividades delictivas, lo que permitió la intervención de los mismos.

Como resultado, fueron detenidos nueve hombres y cinco mujeres, además del aseguramiento de un importante arsenal y equipo logístico. Entre lo decomisado se encuentran cinco armas largas, cuatro armas cortas, seis granadas, 19 cargadores, más de 500 cartuchos útiles, chalecos balísticos, 10 vehículos, 16 motocicletas y diversas dosis de droga.

Las autoridades informaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. En tanto, la víctima rescatada recibió atención médica y acompañamiento para presentar la denuncia correspondiente.

Este operativo representa un nuevo golpe a la estructura operativa del CJNG en la zona conurbada de Veracruz, donde las autoridades mantienen acciones de vigilancia y combate a la delincuencia organizada.

ARRANCAN EN TAMAULIPAS ASAMBLEAS DE “LA CLÍNICA ES NUESTRA” CON ENFOQUE CERCANO A LA GENTE

 

Con una visión centrada en el bienestar de la población y el fortalecimiento de la salud pública, el delegado de los Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, dio inicio este sábado 21 de febrero  a las asambleas del programa La Clínica es Nuestra en unidades del ISSSTE, consolidando una estrategia que apuesta por la participación ciudadana y la organización comunitaria.

Desde temprana hora, acompañado de Servidores de la Nación de la capital del estado, el funcionario encabezó los trabajos territoriales que permiten a la población involucrarse directamente en la mejora de sus centros de salud, bajo un esquema que privilegia la cercanía, el diálogo y la toma de decisiones colectivas.

El programa forma parte del compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de colocar la salud en el centro de las políticas de bienestar, impulsando acciones que atiendan de manera directa las necesidades de las comunidades.

Para este 2026, se contemplan 20 clínicas beneficiadas en Tamaulipas, con una inversión superior a los 13 millones de pesos, lo que representa un esfuerzo significativo para mejorar la infraestructura y los servicios médicos en la entidad.

Durante las asambleas se destacó la importancia de escuchar a la ciudadanía y construir soluciones desde el territorio, permitiendo que las propias comunidades definan las prioridades en sus unidades médicas, bajo un modelo que fortalece la transparencia, la corresponsabilidad social y promueve un sistema de salud más digno, accesible y humano.

“Presencia que transforma”, es la convicción que guía estas acciones, donde el contacto directo con la gente se convierte en el eje de una política social que busca resultados reales y tangibles.

En este contexto, la estrategia busca consolidar un modelo de atención cercano y participativo, donde las decisiones surjan desde las propias comunidades. La intención es clara: que la organización social y la voz de la gente orienten las acciones públicas y generen mejoras reales en la calidad de vida en Tamaulipas.

Reforma laboral de Milei avanza entre protestas y fuerte tensión política

 

Buenos Aires.— En medio de un clima de alta tensión social y política, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, con 135 votos a favor y 115 en contra. La iniciativa aún deberá ser discutida en el Senado.

La sesión se desarrolló en paralelo a un paro nacional y protestas en la capital, donde se registraron cacerolazos y expresiones de rechazo ciudadano. Durante el debate, surgieron acusaciones sobre presuntas presiones a gobernadores y legisladores para respaldar el proyecto.

La votación también evidenció divisiones dentro del peronismo, generando críticas de militantes hacia representantes que apoyaron la reforma, en un contexto complejo para el movimiento encabezado por Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo anunció que endurecerá su plan de lucha, con la posibilidad de nuevos paros y movilizaciones en todo el país.

El proyecto contempla cambios de fondo en el sistema laboral, como modificaciones a los convenios colectivos, limitaciones al derecho de huelga en servicios públicos, reducción de indemnizaciones y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral financiado por los propios trabajadores. También incluye ajustes a instituciones culturales y estatutos profesionales.

Sectores sindicales y analistas advierten que las medidas podrían implicar un retroceso en derechos laborales y un aumento en la precarización del empleo.

En paralelo, crece la preocupación por el posible cierre de la empresa FATE, que dejaría sin empleo a cerca de mil trabajadores, en un entorno económico incierto.

Además, tres personas resultaron lesionadas tras la explosión de un paquete en instalaciones de la Gendarmería Nacional Argentina, lo que provocó la evacuación de más de 300 personas.

La reforma continúa su camino legislativo en medio de una fuerte polarización y creciente movilización social.

PENSIONES: LA HERENCIA INCÓMODA

 

Por: 𝒢𝒶𝓈𝓉𝒶𝓃𝒹𝑜 𝒯𝒾𝓃𝓉𝒶 🖋️

En México, el sistema de pensiones se convirtió durante años en uno de los rostros más visibles de la desigualdad. Mientras millones de trabajadores reciben jubilaciones que apenas alcanzan para sobrevivir, una minoría mantiene ingresos que pueden superar el medio millón de pesos mensuales. Dos realidades que conviven en el mismo país, pero que nacieron bajo reglas profundamente distintas.

Hoy, esa desigualdad ha vuelto al centro del debate público. Mientras los jubilados bajo el esquema de Afore perciben en promedio cerca de cinco mil pesos mensuales, un grupo reducido de ex funcionarios y ex líderes sindicales mantiene pensiones que alcanzan hasta medio millón de pesos al mes, particularmente en empresas del Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Datos obtenidos vía transparencia revelan que, hasta 2024, estas empresas destinan alrededor de 550 millones de pesos anuales para cubrir pensiones de aproximadamente 160 beneficiarios con ingresos que van de los 250 mil a los 500 mil pesos mensuales. A ello se suman esquemas privilegiados en la banca de desarrollo, como Nacional Financiera, donde ex altos funcionarios han acumulado beneficios millonarios tras periodos relativamente cortos en sus cargos.

Entre los casos más visibles figuran José Ángel Gurría Treviño y Óscar Espinosa Villarreal, señalados como beneficiarios de esquemas que incluyen no solo pensiones, sino prestaciones adicionales que elevan considerablemente sus ingresos durante el retiro.

El origen de esta brecha es claro. El modelo de cuentas individuales —las Afore— trasladó el riesgo al trabajador, dejando su retiro sujeto a las condiciones del mercado. En contraste, los esquemas anteriores, protegidos por contratos y acuerdos políticos, garantizaron beneficios elevados para ciertos sectores. Así, el derecho a una pensión digna dejó de ser universal para convertirse en un privilegio.

Pero el problema no es únicamente económico, es profundamente social. Cada pensión millonaria financiada con recursos públicos evidencia una estructura desigual que durante décadas se toleró, pero que hoy resulta insostenible frente a una sociedad que exige mayor justicia.

En este contexto, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum marca un punto de inflexión. Su gobierno ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un sistema de pensiones más justo y equitativo, con el objetivo de reducir la brecha entre las pensiones más altas y las más bajas, y garantizar condiciones dignas para la mayoría de los trabajadores.

No se trata únicamente de una reforma técnica, sino de una visión de país. La mandataria ha defendido los cambios impulsados en años recientes para mejorar los ingresos de quienes cotizan en el sistema de cuentas individuales, así como el fortalecimiento de mecanismos solidarios que permitan elevar las pensiones más bajas.

El contraste, sin embargo, sigue siendo evidente. Mientras el sistema de Afore ofrece ingresos que rondan el 70 por ciento del último salario —en muchos casos insuficientes—, persisten esquemas heredados que permiten a una minoría acceder a pensiones millonarias financiadas con recursos públicos.

Especialistas coinciden en que este escenario representa uno de los mayores retos del país: cerrar la brecha entre quienes cuentan con beneficios privilegiados y la mayoría de los trabajadores que enfrentan una jubilación con ingresos limitados.

El desafío no es menor. Ajustar el sistema implica tocar intereses arraigados durante años. Las pensiones de élite no surgieron por casualidad; son resultado de decisiones políticas y acuerdos que aún tienen peso. Transformarlas requiere voluntad, pero también firmeza.

Porque el verdadero fondo del debate no es solo financiero, es moral. Un sistema que garantiza abundancia a unos cuantos y precariedad a millones erosiona la confianza pública y pone en entredicho el principio de justicia social.

México se encuentra ante una disyuntiva clara: mantener un modelo fragmentado que perpetúa la desigualdad, o avanzar hacia uno más justo, donde el bienestar no dependa del privilegio, sino del derecho.

En esa ruta, la apuesta por la equidad deja de ser un discurso para convertirse en una necesidad urgente. Y en el centro de esa transformación está una idea simple, pero contundente: que el retiro digno deje de ser una excepción y se convierta, por fin, en una garantía para todos.

Aseguran aeronave y más de media tonelada de cocaína en operativo federal en Oaxaca

 

En una acción coordinada de seguridad, autoridades federales lograron el aseguramiento de una avioneta, dos vehículos y más de 500 kilogramos de presunta cocaína en el estado de Oaxaca, como parte de los operativos de vigilancia del espacio aéreo nacional.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes actuaron de manera conjunta tras detectar una aeronave que realizaba un vuelo irregular en el sur del país.

De acuerdo con los reportes oficiales, el seguimiento comenzó cuando personal de vigilancia aérea identificó la trayectoria de un avión que no contaba con autorización para sobrevolar en las inmediaciones del sureste de Tapachula, Chiapas. Ante esta situación, se activaron protocolos de seguridad y se ordenó el despliegue de aeronaves para su localización e identificación.

Tras el monitoreo, se ubicó el aterrizaje de la avioneta en la comunidad de Huamúchil, perteneciente al municipio de San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde posteriormente se movilizaron fuerzas federales para asegurar la zona.

Al arribar al sitio, los elementos de seguridad localizaron la aeronave, dos camionetas y un total de 534 paquetes que contenían cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo, lo que representa más de media tonelada de droga asegurada.

Todo lo incautado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien será el encargado de integrar la carpeta de investigación correspondiente y dar seguimiento a las indagatorias para deslindar responsabilidades.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia permanente del espacio aéreo mexicano, con el objetivo de frenar el tráfico de sustancias ilícitas y reforzar las acciones para garantizar la seguridad en el país.