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En M茅xico, el sistema de pensiones se convirti贸 durante a帽os en uno de los rostros m谩s visibles de la desigualdad. Mientras millones de trabajadores reciben jubilaciones que apenas alcanzan para sobrevivir, una minor铆a mantiene ingresos que pueden superar el medio mill贸n de pesos mensuales. Dos realidades que conviven en el mismo pa铆s, pero que nacieron bajo reglas profundamente distintas.
Hoy, esa desigualdad ha vuelto al centro del debate p煤blico. Mientras los jubilados bajo el esquema de Afore perciben en promedio cerca de cinco mil pesos mensuales, un grupo reducido de ex funcionarios y ex l铆deres sindicales mantiene pensiones que alcanzan hasta medio mill贸n de pesos al mes, particularmente en empresas del Estado como Petr贸leos Mexicanos (Pemex) y la Comisi贸n Federal de Electricidad (CFE).
Datos obtenidos v铆a transparencia revelan que, hasta 2024, estas empresas destinan alrededor de 550 millones de pesos anuales para cubrir pensiones de aproximadamente 160 beneficiarios con ingresos que van de los 250 mil a los 500 mil pesos mensuales. A ello se suman esquemas privilegiados en la banca de desarrollo, como Nacional Financiera, donde ex altos funcionarios han acumulado beneficios millonarios tras periodos relativamente cortos en sus cargos.
Entre los casos m谩s visibles figuran Jos茅 脕ngel Gurr铆a Trevi帽o y 脫scar Espinosa Villarreal, se帽alados como beneficiarios de esquemas que incluyen no solo pensiones, sino prestaciones adicionales que elevan considerablemente sus ingresos durante el retiro.
El origen de esta brecha es claro. El modelo de cuentas individuales —las Afore— traslad贸 el riesgo al trabajador, dejando su retiro sujeto a las condiciones del mercado. En contraste, los esquemas anteriores, protegidos por contratos y acuerdos pol铆ticos, garantizaron beneficios elevados para ciertos sectores. As铆, el derecho a una pensi贸n digna dej贸 de ser universal para convertirse en un privilegio.
Pero el problema no es 煤nicamente econ贸mico, es profundamente social. Cada pensi贸n millonaria financiada con recursos p煤blicos evidencia una estructura desigual que durante d茅cadas se toler贸, pero que hoy resulta insostenible frente a una sociedad que exige mayor justicia.
En este contexto, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum marca un punto de inflexi贸n. Su gobierno ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un sistema de pensiones m谩s justo y equitativo, con el objetivo de reducir la brecha entre las pensiones m谩s altas y las m谩s bajas, y garantizar condiciones dignas para la mayor铆a de los trabajadores.
No se trata 煤nicamente de una reforma t茅cnica, sino de una visi贸n de pa铆s. La mandataria ha defendido los cambios impulsados en a帽os recientes para mejorar los ingresos de quienes cotizan en el sistema de cuentas individuales, as铆 como el fortalecimiento de mecanismos solidarios que permitan elevar las pensiones m谩s bajas.
El contraste, sin embargo, sigue siendo evidente. Mientras el sistema de Afore ofrece ingresos que rondan el 70 por ciento del 煤ltimo salario —en muchos casos insuficientes—, persisten esquemas heredados que permiten a una minor铆a acceder a pensiones millonarias financiadas con recursos p煤blicos.
Especialistas coinciden en que este escenario representa uno de los mayores retos del pa铆s: cerrar la brecha entre quienes cuentan con beneficios privilegiados y la mayor铆a de los trabajadores que enfrentan una jubilaci贸n con ingresos limitados.
El desaf铆o no es menor. Ajustar el sistema implica tocar intereses arraigados durante a帽os. Las pensiones de 茅lite no surgieron por casualidad; son resultado de decisiones pol铆ticas y acuerdos que a煤n tienen peso. Transformarlas requiere voluntad, pero tambi茅n firmeza.
Porque el verdadero fondo del debate no es solo financiero, es moral. Un sistema que garantiza abundancia a unos cuantos y precariedad a millones erosiona la confianza p煤blica y pone en entredicho el principio de justicia social.
M茅xico se encuentra ante una disyuntiva clara: mantener un modelo fragmentado que perpet煤a la desigualdad, o avanzar hacia uno m谩s justo, donde el bienestar no dependa del privilegio, sino del derecho.
En esa ruta, la apuesta por la equidad deja de ser un discurso para convertirse en una necesidad urgente. Y en el centro de esa transformaci贸n est谩 una idea simple, pero contundente: que el retiro digno deje de ser una excepci贸n y se convierta, por fin, en una garant铆a para todos.
